LOS ABOGADOS EN EL BICENTENARIO

Por Marco Antonio Valencia Calle
valenciacalle@yahoo.com

Cuando Pablo Murillo intentó la reconquista, una de sus primeras acciones fue ordenar que fusilaran a cuanto abogado encontraran, en la pretendida intención de acallar las voces ilustradas de la revolución. Mestizos estudiados que alegaban, como buenos “abogados”, ser españoles por herencia para gozar de privilegios, pero que frente a las injusticias alegaban ser americanos. Los abogados que ya andaban pregonando en espacios públicos que al hombre se le debía castigar por sus delitos y no por su clase social o su condición racial, fueron los primeros en caer.

En los casi 200 años de vida republicana de los colombianos, los abogados han sido protagonistas fundamentales tanto en temas de justicia, como en la creación de la nación a través de la práctica del derecho constitucional. Comenzando por Francisco de Paula Santander, muchos de nuestros logros y pesares políticos como país independiente, se deben a los profesionales del derecho quienes sin pedir permiso se echaron a hombros la organización y orientación política de este país.
En el inventario de atrocidades cometidas por los españoles en la reconquista, además de la persecución a militares y sacerdotes, los abogados fueron los profesionales más golpeados y perseguidos por la monstruosidad de “los pacificadores” que allanaban, expulsaban y mataban en pro de exterminar a quienes clamaban por igualdad y respeto.
El abogado payanes Camilo Torres, quien fuera fusilado en 1816, por ejemplo, fue llamado el Verbo de la Revolución, y su texto “El memorial de agravios”, es el documento que nos permite saber por qué la gente emprendió una revuelta que terminó en una revolución. Un texto de 36 páginas que demandaba la necesidad de igualdad de representación y autonomía de los pueblos americanos. Un documento que hoy es modelo de argumentación académica, y aclara las razones que tenían los criollos para solicitar que nos trataran con dignidad y justicia.
“El memorial” del abogado Camilo Torres, es un documento vigente, y parece una carta escrita hoy para nuestros mandatarios locales, regionales y nacionales, porque las demandas allí expresadas son las mismas que hacemos los ciudadanos a diario en el 2010.
Nos dice, por ejemplo, que el agravio más sensible entre los hombres, es sentir y vivir la exclusión; y que “el atraso cultural” de un pueblo obedece al desconocimiento del gobernante a las practicas que se dan en su territorio. Y que las convocatorias a cargos públicos por elección son importantes porque le brindan oportunidad a gente capaz, en contraste a los que llegan a los cabildos por herencia y o compra del cargo; y que la dependencia de un gobernante a la voluntad de políticas externas es la principal causa de atraso de las naciones.
Qué bueno sería entonces, que nuestros gobernantes de hoy trataran de honrar las deudas políticas que desde hace 200 años se claman en pro de la justicia social a través de un abogado con conciencia social como Camilo Torres Tenorio. Qué bueno que todos los abogados entendieran su papel ancestral de líderes sociales. Qué bueno sería que los abogados entendieran que además de luchar por el bienestar común diariamente, tienen la responsabilidad de ser guardianes de una constitución política nacida de las entrañas del derecho puro, para que “libertad e igualdad”, sean vivencias de verdad… como era el sueño de nuestros patricios y los que dieron la vida por esta nación.

Camilo Torres Tenorio
POPAYÁN 1766-BOGOTÁ 1816

Hijo de don Jerónimo Francisco de Torres y Herreros, castellano establecido en el Nuevo Reino desde mediados del siglo XVIII, y de doña María Teresa Tenorio y Carvajal. Torres fue un afamado jurisconsulto. Su dominio de la oratoria y del derecho lo hicieron muy popular. Respaldó a Bolívar en los años de la lucha por la Independencia. En ejercicio del cargo de asesor del Cabildo redactó en 1809 El memorial de agravios, documento que dio coherencia jurídica a la reclamación por parte de las Colonias de una forma de gobierno que eliminara el sistema de explotación española.*